EJECUCIÓN DE SENTENCIA
Tener una sentencia o un convenio aprobado judicialmente no siempre garantiza que la otra parte vaya a cumplirlo voluntariamente. En la práctica, son frecuentes los incumplimientos relacionados con el impago de pensiones, gastos extraordinarios, entrega de documentación o respeto del régimen de estancias y visitas.
Cuando esto ocurre, es posible acudir al juzgado para reclamar el cumplimiento forzoso de lo que ya se ha acordado o resuelto.
La ejecución de sentencia es la vía legal para exigir que la otra parte cumpla con sus obligaciones.
Ejecución dineraria: impago de pensión de alimentos, pensión compensatoria y gastos extraescolares y extraordinarios
Permite reclamar judicialmente las cantidades económicas que una de las partes está obligada a pagar y que no ha abonado.
Por ejemplo, pensiones de alimentos impagadas, gastos extraordinarios (dentista, ortodoncia, gafas, tratamientos médicos), actividades extraescolares, pensiones compensatorias u otros gastos establecidos judicialmente.
Se puede solicitar el embargo de cuentas bancarias, salarios y otros bienes para conseguir el cobro de las cantidades adeudadas.


Ejecución de obligaciones de hacer: potestad parental
Permite exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas judicialmente en relación con los hijos comunes.
Por ejemplo, cuando un progenitor toma decisiones médicas o escolares unilateralmente, no facilita información sobre la salud o educación de los hijos, incumple los acuerdos relativos a actividades extraescolares o no respeta el ejercicio conjunto de la potestad parental.
Permite actuar cuando uno de los progenitores incumple el régimen de guarda y custodia, visitas o comunicaciones establecido judicialmente.
Por ejemplo, cuando un progenitor impide las visitas, no entrega a los hijos en los días acordados, modifica unilateralmente los horarios, incumple el reparto de vacaciones o dificulta las comunicaciones telefónicas con el otro progenitor.
Ejecución relativa a la vivienda familiar y división de la cosa común






Ejecución por incumplimiento del régimen de guarda y visitas y de comunicación con los hijos
Permite exigir el cumplimiento de las medidas judiciales relacionadas con el uso de la vivienda familiar y los acuerdos patrimoniales establecidos en una sentencia o convenio regulador aprobado judicialmente.
Por ejemplo, cuando uno de los excónyuges se niega a abandonar la vivienda familiar, continúa ocupándola pese a haberse extinguido judicialmente su derecho de uso, se niega a vender una propiedad común cuando así se ha acordado, obstaculiza la adjudicación de un inmueble o incumple las obligaciones establecidas respecto al reparto de bienes.
Cuando no existe un acuerdo de división ejecutable, puede ser necesario iniciar un procedimiento específico de división de la cosa común.
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